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Año 1 No. 1

Los Registros Electorales - Carlos Alberto Urruty Navatta

Importancia del registro electoral (Ira. parte)

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Urruty Navatta
Magistrado Presidente de la Corte Electoral de Uruguay

  



Los siglos XVIII y XIX son testigos del surgimiento del derecho electoral como  regulador del proceso que permite asegurar el orden sucesorio en las tareas de gobierno. Con la aparición de la República democrática liberal, el mecanismo de la sucesión hereditaria, que encuentra su  fundamento en el derecho divino, aparece sustituido por un procedimiento electoral democrático, que tiene por base el libre consentimiento de los integrantes de la comunidad.


Siendo el consentimiento de los gobernados el fundamento legitimador del poder de los gobernantes, comienza a adquirir cada vez mayor importancia el conjunto de normas que procuran que ese consentimiento pueda ser expresado y que otorgan garantías para impedir que la voluntad popular sea desnaturalizada. Ese conjunto de normas alcanza rango constitucional en la mayoría de los estados de América Latina consagrándose en la norma fundamental las bases y garantías del sufragio y, en algunos casos, la existencia del órgano estatal encargado de administrar y juzgar la elección.

En ese conjunto normativo se destacan aquellas disposiciones que aseguran que en la expresión de voluntad del cuerpo electoral participen todos los que tienen derecho a hacerlo y sólo quienes tienen derecho a participar.  La organización de un Registro Electoral confiable constituye el pilar básico sobre el cual reposa toda la estructura electoral y, cuando se está examinando el proceso electoral de un país, es factor decisivo para calificar su credibilidad.

De poco sirve establecer normas que aseguren que el elector se exprese libremente y exento de presiones cuando está emitiendo su voto y que eliminen maniobras conducentes a desnaturalizar el cómputo de los sufragios, torciendo el resultado de la elección, si esas normas no están precedidas de otras que consagren las mismas garantías respecto a los actos previos a la elección, igualmente decisivos en ese resultado.

Esa es la razón que explica que en la década del ochenta del siglo XX, en que varios países de América Latina accedieron o recuperaron la democracia como sistema de gobierno, la primera preocupación fue la de dotar a los procesos electorales de un Registro Electoral confiable, como garantía básica de su pureza.

Por este motivo el análisis del Registro Electoral y del Padrón Electoral constituyeron, en esa década, temas de tratamiento preferente en los seminarios organizados por las Instituciones internacionales y nacionales creadas con la finalidad de contribuir a la consolidación de la democracia.

Afortunadamente, hoy en día, la amplia mayoría de países latinoamericanos han logrado organizar registros electorales que, en general, merecen la aceptación de los protagonistas del proceso electoral, aprovechando, entre otras cosas, la moderna tecnología, por lo cual el tema ha quedado desplazado del tratamiento preferente en los seminarios internacionales cuyo enfoque apunta actualmente, mucho más a los partidos políticos y a sus fuentes de financiamiento,  que a los organismos electorales.  Ello no puede hacer olvidar la importancia de una adecuada organización del registro electoral como factor decisivo en la pureza y credibilidad del proceso electoral.

La forma como ha sido organizado el registro electoral produce consecuencias decisivas en el orden individual, pues de ella depende el ejercicio efectivo del derecho al sufragio, es decir, es la que hace posible que quien, a la luz de las normas constitucionales y legales, es titular de los derechos políticos, pueda efectivamente elegir o aspirar a ser electo. Es decisiva también en el orden colectivo, ya que del registro electoral resulta la composición del cuerpo electoral, relevante y primario órgano de gobierno al cual se ha confiado el ejercicio de la función electoral e, incluso, la coparticipación en el ejercicio de la función constituyente o legislativa, en los países que reconocen, en su orden jurídico, los institutos de democracia directa.

La publicidad de los escrutinios, la presencia de los delegados de los partidos políticos en el acto de la votación y la utilización de modernos aparatos de computación en el cómputo de los votos -que son empleados, también, y en forma paralela por los partidos políticos y por los medios de difusión- excluyen la posibilidad de consumar, durante la realización de la elección o con motivo del escrutinio, una maniobra capaz de desnaturalizar el resultado.  El intento de distorsión de la voluntad popular en esta etapa del proceso electoral constituye, afortunadamente, un capítulo lamentable de la historia de casi todos los países de América.

Pero, como se señaló anteriormente, la indudable mejora lograda en la aplicación de los procedimientos eleccionarios puede verse desvirtuada si no está acompañada de una adecuada organización del Registro Electoral. Pese a los adelantos que pueden comprobarse, analizando la evolución que en materia de organización de los registros electorales se ha experimentado en los diversos países de América, se aprecian, de todos modos, deficiencias que si no dan lugar a maniobras, es como consecuencia de que las fuerzas políticas en pugna han preferido participar en "un juego limpio", en lugar de aprovecharse.