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Año 6 No. 16 Enero 2013

Tipos de autoridad electoral / Wilfredo Penco.













Wilfredo Penco
Vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay
wpenco@adinet.com.uy


Curriculum

Uruguayo.

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la (UDELAR).

Vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay desde 2010.

Ministro de la Corporación desde 1996.

Presidente de las comisiones de asuntos electorales, presupuesto, reestructura, asuntos internacionales y nombramientos de la Corte Electoral.

Observador internacional y jefe de misión en elecciones nacionales, municipales e internas partidarias y referéndum en diversos países de América Latina y participante en seminarios sobre temas electorales y en conferencias de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE)

Cofundador del Consejo de Expertos Electorales de Latino América (CEELA).

Ensayista y crítico literario, autor de varios libros e investigaciones de su especialidad.

Presidente de la Academia Nacional de Letras del Uruguay para los períodos 2006-2008 y 2009-2011


Como es sabido, a lo largo del siglo XX, en América Latina se fue imponiendo una tendencia que comenzó a delinearse con claridad a principios de su tercera década y derivó en la consolidación de espacios específicos en las estructuras estatales destinados a regular la materia electoral.

Las facultades y funciones de contralor de elecciones, en principio sobre todo a los efectos de la legitimación en el acceso de los candidatos electos a los cargos de la naturaleza correspondiente  que, siguiendo la tradición europea permanecieron durante mucho tiempo reservadas a las asambleas legislativas bajo diversos procedimientos y modalidades, esas facultades y funciones fueron progresivamente traspasadas, por el propio legislador o el constituyente, a otros órganos externos a los cuerpos parlamentarios. Lo mismo ocurrió en relación con la organización y administración de los procesos electorales y hasta con la custodia de los documentos de identificación de los electores, a cargo del órgano Ejecutivo durante un largo período antes de su transferencia a institutos no dependientes del poder central.

La tendencia constante que se verificó en la perspectiva continental, abarcó en la mayoría de los países la creación de organismos autónomos y especializados a los que se les atribuyó como cometidos principales,  pero no excluyentes,  la organización de los procesos electorales y su calificación o juzgamiento.

Una mirada  actual sobre América Latina y el Caribe permite comprobar el advenimiento y desarrollo de autoridades electorales a lo largo y ancho de sus países, con una cada vez mayor raigambre institucional. Esas autoridades son de diverso tipo según el enfoque que pretenda promoverse sobre las mismas y sus perfiles o características fundamentales responden a contextos históricos y culturas cívicas propias y muchas veces de difícil transferencia. A ese propósito recomiendo la lectura del capítulo XVIII del Tratado de derecho electoral comparado de América Latina compilado por Dieter Nohlen, Daniel Zovatto, Jesús Orozco y José Thompson, capítulo titulado “Los órganos electorales supremos” a cargo del profesor colombiano Juan Fernando Jaramillo. Aunque el libro ya lleva cinco años de editado y varios países han procesado algunos muy importantes cambios en sus legislaciones (en particular Bolivia, Ecuador y República Dominicana con referencia a sus órganos electorales:), el capítulo aludido sigue siendo de gran utilidad.

1. Concentración y desconcentración institucional

La existencia de uno o más sistemas orgánicos para el desempeño de cometidos vinculados con la materia electoral, permite una primera clasificación de tipos de autoridades electorales que en algunos casos coincide con la distribución correspondiente de sus diversas funciones de acuerdo con su naturaleza.

Mientras algunos países han optado por la concentración en un solo sistema, otros definieron en sus ordenamientos la pluralidad institucional.

Entre los primeros se cuentan Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. La segunda modalidad incluye a países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y República Dominicana. Esta última presentó durante varios años hasta la última y reciente reforma constitucional de 2010 una situación particular y atípica,  ya que su Junta Central Electoral estaba compuesta por dos cámaras (la administrativa y la contenciosa), con competencias definidas desde sus respectivos nombres,  de tal modo que la Junta Central, integrada por nueve miembros (cinco de la primera cámara y tres de la segunda, más el presidente que no formaba parte de ninguna de las dos), funcionó a partir de una competencia residual de su índole bicéfala.

2. Jerarquía normativa y grados de autonomía

La mayoría de los tribunales o cortes electorales están contemplados en las constituciones nacionales. Sin embargo, no siempre ocurrió lo mismo. Por ejemplo, la Corte Electoral de Uruguay fue creada por ley en 1924 (ley que creó asimismo el Registro Cívico Nacional) y recién diez años después adquirió jerarquía constitucional. Algunas otras autoridades de países latinoamericanos, como la Cámara Nacional de Elecciones y la Dirección Nacional Electoral de Argentina carecen de reconocimiento constitucional y su origen es legal. En Chile, el artículo 18 de la Carta Magna establece un Sistema Electoral Público y delega su organización y la regulación de su funcionamiento a leyes orgánicas constitucionales. El Servicio Electoral (como el Sistema de Inscripciones Electorales) fue creado en 1986, por ley orgánica constitucional, como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio (sus antecedentes fueron la Dirección y el Conservador del Registro Electoral, de 1962 y 1925 respectivamente). Por su parte, el Tribunal Calificador de Elecciones fue previsto en la Constitución de 1925 con la ley general de elecciones y en la constitución de 1980 con la ley orgánica constitucional del mismo tribunal.

En Perú, el Jurado Nacional de Elecciones,  la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)  y el Registro Nacional de Identificación  y Estado Civil (RENIEC) están contemplados constitucionalmente: La ley orgánica del Jurado (de 1995) lo define como un organismo autónomo que cuenta con personería de derecho público encargado de administrar justicia en materia electoral, fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de la realización de los procesos electorales, referéndum y otras consultas populares, así como de la elaboración de los padrones electorales y mantener y custodiar el registro de las organizaciones políticas. Por su parte,  la ley orgánica de elecciones también de  1995 declara a la ONPE autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares, y le otorga la condición de organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público y goza de atribuciones en materia técnica administrativa, económica y financiera.  Finalmente, también autónomo  y con personería jurídica de derecho público es el RENIEC,  como encargado de la identificación de los peruanos, conforme a otra norma legal orgánica del mismo año.

Las Constituciones de algunos países latinoamericanos prevén la existencia del Poder Electoral como un Poder del Estado, apartándose de la tradicional concepción estatal tripartita. Es lo que ocurre expresamente en los casos de Venezuela y Nicaragua, aunque curiosamente, pese a ese reconocimiento constitucional, las resoluciones del Consejo Nacional Electoral de Venezuela pueden ser impugnadas ante la sala electoral del Poder Judicial y las del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua que refieran a partidos políticos, además de revestir naturaleza  administrativa, pueden llegar a ser resueltas asimismo en los estrados judiciales.

Tras la reforma constitucional de 2009, la nueva carta magna boliviana dispuso la creación del denominado Órgano Electoral Plurinacional (compuesto por el Tribunal Supremo Electoral como su máximo nivel y con jurisdicción nacional, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de las mesas de sufragio y los notarios electorales) y su ley orgánica le otorgó igual jerarquía constitucional, como órgano del poder público, de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial.

En Paraguay, la Constitución establece, en su sección V, que la convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y de las cuestiones derivados de las elecciones generales, departamentales y municipales, así como de los derechos y de los títulos de quienes resulten elegidos, corresponden exclusivamente a la Justicia Electoral. Igualmente son de su competencia las cuestiones provenientes de todo tipo de consulta  popular, como asimismo lo relativo a las elecciones y al funcionamiento de los partidos y  de los movimientos políticos. De este modo, el Tribunal Superior de la Justicia Electoral (cuya la ley reglamentaria, de 1995, lo define como la autoridad suprema en la materia y con alcance a todo el territorio nacional) asume en el ordenamiento de ese país un nivel de autonomía y competencia exclusiva de nivel constitucional.



Foto: tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador

En otras situaciones, sin ser reconocidos como Poderes, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, el Instituto Federal Electoral de México, el Tribunal Electoral de Panamá, la Junta Central Electoral de República Dominicana o la Corte Electoral de Uruguay, a vía de ejemplo, gozan de un grado de autonomía que en algunos casos llega casi a identificarlos como efectivos poderes de gobierno.

Por su parte, forman parte de los Poderes Judiciales de sus respectivos países: el Tribunal Superior Electoral de Brasil, la Cámara Nacional Electoral de Argentina, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México y el Tribunal Superior de la Justicia Electoral de Paraguay.

Para las autoridades electorales ecuatorianas, la Constitución establece que se regirán por los principios, entre otros, de autonomía e independencia. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral están facultados constitucionalmente en particular para determinar su organización y formular y ejecutar su presupuesto.

Al IFE,  la constitución mexicana le encarga como función estatal la organización de las elecciones federales y a esos fines lo dota de personería jurídica y patrimonio propio, y lo jerarquiza como organismo autónomo con principios rectores para el ejercicio de su función: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Aunque la constitución guatemalteca menciona en diversas disposiciones al Tribunal Supremo Electoral, su marco legal es el de la ley electoral y de partidos políticos (decreto número 1-85), que establece a dicho tribunal como la máxima autoridad en materia electoral y lo declara independiente y por lo tanto no supeditado a organismo alguno del Estado.

La Constitución de Nicaragua establece que al Poder Electoral le corresponde en forma exclusiva la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos.

En Honduras, la norma constitucional instituye el Tribunal Supremo Electoral como un organismo autónomo e independiente, con personalidad jurídica, jurisdicción y competencia en toda la República.

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador tiene autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera y las resoluciones que adopta en el ejercicio de sus funciones son obligatorias en todo el territorio nacional.

Sobre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral de República Dominicana, ambos de reciente creación, habrá una explicación específica más adelante. Solo quiero recordar que la primera es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera con los principales cometidos de organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y mecanismos de participación popular, y administrar y reglamentar los actos del estado civil de los dominicanos, y el segundo el órgano competente para juzgar y decir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan en lo interno de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos o entre estos.

3. Jurisdicción territorial

Otra clasificación posible de los órganos o autoridades electorales puede depender del alcance de sus respectivas resoluciones en el ámbito territorial, y en función de su índole nacional, regional o local, ocupando los primeros, por lo general, el nivel superior en el sistema orgánico, y los segundos y terceros, niveles inferiores y de dependencia. Cuando son varios los sistemas o la distribución de funciones sobre la materia electoral recae en diversos órganos, la referida situación de dependencia de los órganos regionales o locales solo suele estar referida a un único órgano nacional y no a los restantes.

4. Por las funciones asignadas

Las funciones de las autoridades electorales pueden ser administrativas y jurisdiccionales, y en particular las primeras admiten un número considerable de variantes, ya que a su vez pueden ser reglamentarias, disciplinarias, registrales, fiscalizadoras, de vigilancia, de superintendencia, de capacitación, etc.

En Brasil, el código electoral de 1965 otorga al Tribunal Superior Electoral facultades características del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y es el único órgano de la justicia brasileña que ejerce funciones administrativas y reglamentarias que se suman a las propias de su ámbito jurisdiccional y que lo convierten en un efectivo administrador de los procesos electorales a la vez que legislador de gran parte de su normativa reguladora.

En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral concentra funciones administrativas (como organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y dar posesión a los candidatos ganadores), reglamentarias (reglamentar la normativa legal sobre asuntos de su competencia), registrales (organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en coordinación con el Registro Civil), y educativas (organizar el funcionamiento de una investigación, capacitación y promoción político electoral). Por su parte, el Tribunal Contencioso Electoral ejerce función jurisdiccional, pues conoce y resuelve los recursos contra los actos del CNE y de los organismos desconcentrados y los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas.

Además de las funciones jurisdiccionales ejercidas en grado de apelación de las resoluciones definitivas recaídas en cuestiones iniciadas ante los Jueces nacionales de primera instancia en lo Federal con competencia electoral y en caso de excusación de los jueces mencionados, la Cámara Nacional Electoral de Argentina también cumple funciones registrales (dirige y fiscaliza el funcionamiento del Registro Nacional de electores y fiscaliza los de los distritos de acuerdo con la ley), de reglamentación (en materia de registros, cartas de ciudadanía, inhabilitados, faltas electorales y partidos políticos), y de fiscalización (de los estados contables de los partidos). Por su parte, los jueces nacionales de primera instancia federal con competencia electoral conocen en primera y única instancia en los juicios sobre faltas electorales, y en todas las cuestiones relacionadas con delitos electorales, partidos políticos distritales (desde la fundación y organización hasta su caducidad o extinción pasando por su estado patrimonial), los registros de electores e inhabilitados, elección, escrutinio y proclamación de los candidatos a cargos electivos, así como de las autoridades partidarias del distrito. Finalmente, la Dirección Nacional Electoral –dependencia del Ministerio del Interior y Transporte- es el organismo nacional responsable de programar, organizar y ejecutar las tareas –todas de naturaleza administrativa- que la ley le asigna a dicho ministerio en materia electoral y de partidos políticos. En particular, desde 2010, por decreto cumple las responsabilidades primarias de entender en la gestión de la administración del financiamiento partidario y de las campañas electorales, la difusión y capacitación de la normativa electoral, los procedimientos y la información electoral y de partidos políticos, y en la modernización e innovación procedimental y normativa en las materias de su competencia.

La constitución boliviana encumbra al Tribunal Supremo Electoral como el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados, así como de la organización y administración del Registro Civil y el Padrón Electoral. También la ley le otorga, entre otras varias atribuciones, la de resolver controversias electorales y de organizaciones políticas, esto es: funciones jurisdiccionales que incluyen, además, el conocimiento y la decisión en vía recursiva de nulidad, apelación o revisión y  demandas de inhabilitación de candidaturas. Otro de sus cometidos, en el marco del fortalecimiento democrático, es ejecutar, coordinar y difundir estrategias y planes nacionales de educación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia intercultural y la capacitación en procedimientos electorales.



Foto: Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador

El Consejo Nacional Electoral de Colombia tiene a su cargo la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral, y entre otras funciones interviene directamente o a través de delegados en los escrutinios, así como conoce y decide de los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados.

Además de dirigir, vigilar y fiscalizar la inscripción de los hechos y actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas y expedir la cédula de identidad personal, el Tribunal Electoral de Panamá concentra entre sus potestades las que se vinculan con las fases del proceso electoral, la reglamentación, la interpretación y aplicación privativa de la ley electoral y la sanción de las faltas y delitos contra la libertad y pureza del sufragio.

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica tiene, entre otras, las siguientes funciones, convocar a elecciones populares, nombrar los miembros de las juntas electorales, interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral, conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicten el Registro Civil y las Juntas Electorales, investigar y pronunciarse respecto a la parcialidad política de los servidores del Estado denunciada por los partidos, dictar medidas para garantizar el desarrollo de los procesos electorales, dirigir el escrutinio de las elecciones nacionales y municipales, llevar el Registro del Estado Civil y formar las listas de electores, resolver y ejecutar en materia de nacionalidad y ciudadanía y expedir las cédulas de identidad.

Además de las facultades para la organización de los procesos electorales, incluida la elaboración del padrón electoral y las listas de electores y la realización del cómputo de resultados electorales, otras muy importantes que la constitución mexicana le atribuye al IFE son la de administración de los espacios en radio y televisión durante las campañas electorales y la sancionadora en caso de infracciones, mediante procedimientos expeditos, pudiendo incluir la  orden de cancelación inmediata de las trasmisiones en radio y televisión, de concesionarios y preemisarios, que resulten violatorias de la ley.  También en el caso del IFE la norma constitucional establece que tendrá a su cargo en forma integral y directa  las actividades relativas a la capacitación y la educación cívica.

En cambio, el TRIFE es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral e impartir justicia electoral.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala tiene entre otras importantes funciones: integrar la institución encargada de emitir el documento único de identificación personal, convocar y organizar los procesos electorales, declarar el resultado y la validez de las elecciones o en su caso la nulidad parcial o total o adjudicar los cargos de elección popular, resolver en virtud de recurso acerca de la inscripción sanciones, suspensión y cancelación de organizaciones políticas, resolver los recursos que deba conocer de conformidad con la ley.

 

Al Poder Electoral, la constitución nicaragüense le asigna, entre otros cometidos: organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos o referendos de acuerdo con la ley electoral, elaborar el calendario electoral, conocer y resolver en última instancia de las resoluciones que dicten los organismos subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que presenten los partidos políticos, efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios y hacer la declaración definitiva de los resultados, organizar bajo su dependencia el Registro Central del Estado Civil de las Personas, la cedulación ciudadana y el padrón electoral y otorgar y cancelar la personería jurídica de los partidos políticos conforme a la ley.

 

5. Facultad de iniciativa legal y vinculación con el Poder Legislativo

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador está facultado para presentar proyectos de ley sobre el ámbito de competencia de la función electoral, con atención a lo sugerido por el Tribunal Contencioso Electoral. Por su parte,  el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia tiene la facultad de iniciativa legal en materia electoral, de organizaciones políticas, de derechos políticos y de registros electoral y civil ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y facultad para responder consultas del Órgano Ejecutivo o Legislativo sobre proyectos de ley en esas materias. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, además de servir de cuerpo consultivo del gobierno en materias de su competencia, puede promover proyectos de acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de decreto.

 

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala también tiene iniciativa de ley conforme al artículo 174 de la constitución guatemalteca.

 

Similar capacidad de iniciativa legal muestran las autoridades electorales de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.

 

Aunque sin esa misma potestad, un caso interesante en esta materia es el de Costa Rica, cuya Asamblea Legislativa tiene que consultar preceptivamente la opinión del Tribunal Supremo de Elecciones en oportunidad de considerar cualquier proyecto de ley referido a la materia electoral y para aprobar una norma que no cuente con el visto bueno del Tribunal solo podrá hacerlo con el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea.

 

6. Formas de integración

Los siete miembros del Tribunal Superior Electoral del Brasil son elegidos de modo diferente: tres de ellos provienen del Supremo Tribunal Federal (entre los cuales uno ejerce la presidencia del Tribunal y otro la vicepresidencia), dos son jueces del Superior Tribunal de Justicia y los dos restantes abogados de reconocida trayectoria como juristas e idoneidad moral, propuestos en una nómina de seis candidatos por el Supremo Tribunal Federal y nominados por el Presidente de la República.

 

La Cámara Nacional Electoral de Argentina está compuesta por tres jueces que no deben haber ocupado cargos partidarios hasta cuatro años antes de la fecha de su designación, y son designados por el presidente de la República de una nómina elaborada por el Consejo de la Magistratura y previa venia del Senado. 

 

La designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social previa selección mediante concurso público de oposición y méritos, con postulación e impugnación de la ciudadanía, y garantía de equidad y paridad entre hombres y mujeres, de acuerdo con la ley.

 

De los siete miembros del Tribunal Supremo Electoral del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia (dos de los cuales, como mínimo, deberán ser de origen indígena originario campesino y tres al menos mujeres), seis son elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de votos de los miembros presentes, y el séptimo por el presidente del Estado. La ley prevé un procedimiento previo de convocatoria a aspirantes a vocales y la instancia de intervención no vinculante de las organizaciones de la sociedad civil con la emisión de opiniones respecto a las postulaciones realizadas.

 

En Perú, los cinco miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones son elegidos en diferentes instancias: su presidente por la Sala Plena de la Corte Suprema, y los demás miembros: uno por la Junta de Fiscales Supremos, uno por el Colegio de Abogados de Lima, uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y uno por los decanos de las facultades de derecho de las universidades privadas: en todos los casos la elección se realiza por voto secreto y mayoría simple. El jefe de la ONPE es seleccionado y nombrado mediante concurso público por el Consejo Nacional de la Magistratura, que también tiene a su cargo la nominación del jefe del RENIEC.

 

El Tribunal Superior de Justicia  Electoral de Paraguay está compuesto de tres miembros, quienes son elegidos (y removidos) en la forma establecida para los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia es el Consejo Nacional de la Magistratura el que propone ternas de candidatos, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y las eleva a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo.

 

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral de Colombia son elegidos por el Congreso de la República para un período institucional de cuatro años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. El Registrador Nacional del Estado Civil, en tanto, es escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizado según la ley.

 

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela está integrado por cinco rectores, tres de ellos postulados por la sociedad civil, uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y uno por el Poder Ciudadano. Son designados por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

 

Los tres magistrados del Tribunal Electoral de Panamá son designados: uno por el órgano legislativo, otro por el órgano ejecutivo y el tercero por la Corte Suprema de Justicia, entre personas que no formen parte de la autoridad nominadora.

 

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica está integrado ordinariamente por tres magistrados propietarios y seis suplentes, nombrados por la Corte Suprema de Justicia por los votos de no menos de los dos tercios del total de sus miembros.

 

Los consejeros electorales del IFE son elegidos por la Cámara de Diputados, por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización –dice la norma constitucional- de una amplia consulta a la sociedad.

 

Los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala son electos por el Congreso de la República con el voto favorable de las dos terceras partes del total de sus miembros, de una nomina de cuarenta candidatos propuesta por la Comisión de Postulación (esta comisión está integrada por cinco miembros: el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de  dicha universidad, representantes  de los rectores de las universidades privadas y de los decanos de las facultades de ciencias jurídicas y sociales de dichas universidades y del colegio de abogados de Guatemala,  elegido en Asamblea General).

 

El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua está integrado por siete magistrados propietarios y tres suplentes elegidos por la Asamblea Nacional por el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de sus integrantes, de listas separadas para cada cargo propuestas por el Presidente de la República y por los diputados de la Asamblea Nacional en consulta con las asociaciones civiles pertinentes.

 

Los tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Honduras son elegidos por el Congreso Nacional por el voto afirmativo de dos tercios de la totalidad de sus integrantes.

 

La Asamblea Legislativa elige a los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, tres de ellos de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial, y los dos restantes con el voto favorable de por lo menos dos tercios de diputados, de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia.

 

El Consejo Electoral Permanente (CEP) de Haití está integrado, según la Constitución, por nueve miembros: tres elegidos por el Ejecutivo, tres por el Legislativo y tres por el Judicial.

 

La Junta Central Electoral de República Dominicana la integran un presidente y cuatro miembros elegidos por el Senado con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. Del Tribunal Superior Electoral forman parte no menos de tres y no más de cinco jueces electorales designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, el que indicará cual de entre ellos ocupará la presidencia.

 

La Corte Electoral del Uruguay está conformada por nueve ministros: cinco elegidos por los dos tercios del total de componentes de la Asamblea General, debiendo ser ciudadanos que por su posición en la escena política sean garantía de imparcialidad, a los que se les conoce como neutrales y los otros cuatro representan a los partidos políticos y son elegidos también por la Asamblea General,  pero por doble voto simultáneo y de acuerdo con un sistema de representación proporcional.

 

7. Duración de mandatos

En el caso brasileño, los jueces durarán dos años en sus funciones y como máximo dos bienios consecutivos.

 

Tanto para el Consejo Nacional como para el  Tribunal Contencioso de Ecuador,  la Constitución prevé un período de seis años (con renovación parcial cada tres años, dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda y así sucesivamente).

 

La permanencia en sus cargos de los miembros del Tribunal Supremo Electoral del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia asciende a seis años sin posibilidad de reelección.

 

En Perú, se procede a renovar alternadamente cada dos años a los miembros del Jurado; el jefe de la ONPE dura cuatro años en su cargo y puede ser reelegido por una vez;  y el jefe del RENIEC es elegido por un período renovable de cuatro años.

 

Los tres miembros del Tribunal Superior de Justicia  Electoral de Paraguay solo son removidos por juicio político y cesan en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años.

 

Los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil de Colombia se desempeñan durante un período de cuatro años. Los tres que integran el Tribunal Electoral de Panamá son designados para un período de diez años. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral de Venezuela duran siete años en sus funciones y son elegidos por separado: los postulados por la sociedad civil al inicio de cada período de la Asamblea Nacional y los otros dos a la mitad del mismo.

 

En Costa Rica, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones duran en sus cargos seis años. Un propietario y dos suplentes deben ser renovados cada año, pero podrán ser reelectos.

 

El consejero presidente del IFE dura en su cargo  seis años y puede ser reelecto una sola vez. El período de los demás consejeros electorales es de nueve años, son renovados en forma escalonada y no pueden ser reelectos.

 

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala son elegidos para el desempeño de sus funciones durante seis años. Pueden ser reelectos.

 

El período de los magistrados del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua es de cinco años, y es admitida su reelección. El mismo período rige para los miembros de los tribunales supremos electorales de Honduras y El Salvador, pudiendo también ser reelegidos.

 

El mandato de los miembros de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana es de cuatro años.

 

8. Irrecurribilidad de las decisiones electorales

Las resoluciones electorales del Tribunal Superior Electoral de Brasil son irrecurribles salvo que contravengan la Constitución o denieguen el hábeas corpus o mandato de seguranca. Algo similar ocurre con las decisiones del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, que no solo son de cumplimiento obligatorio sino también inapelables e irrevisables, excepto en los asuntos que correspondan al ámbito de la jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Las resoluciones del Tribunal Superior Electoral de Paraguay son objeto de recurso solo en los casos en que la ley lo establece y ante la Corte Suprema de Justicia, la cual lo resolverá en procedimiento sumarísimo. Las decisiones del Tribunal Electoral de Panamá únicamente son recurribles ante él mismo y,  una vez cumplidos los trámites de ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias, con excepción de las que sean objeto del recurso de inconstitucionalidad.

 

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica asegura su absoluta independencia al dictar resoluciones que no tienen recurso, salvo la acción de prevaricato. Tampoco son recurribles las resoluciones del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, del Jurado Nacional de Elecciones de Perú (aunque se han planteado contiendas de competencia en este caso) ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México, tanto en su sala superior como en las regionales. En Colombia, en cambio, las decisiones del Consejo Nacional Electoral son recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa (tribunales administrativos, Consejo de Estado), y en Argentina, las de la Cámara Nacional Electoral sobre litigios preelectorales pueden ser objeto de recurso extraordinario de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

 

9. Quórum para resolver

Algunos órganos requieren mayoría absoluta para adoptar resoluciones como el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y  el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (este para sesionar requiere la presencia de todos sus miembros y en caso de no alcanzarse la mayoría exigida, se llamará a los magistrados suplentes en su orden hasta que dicha mayoría se logre). En el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador es necesaria una mayoría calificada en algunas situaciones (aprobar la boleta de votación, resolver impugnaciones, etc.). El presidente del Tribunal Electoral de Honduras en caso de empate es decisivo. En Uruguay, la Corte Electoral para adoptar resoluciones requiere una mayoría integrada por el voto conforme de por lo menos tres de los ministros llamados neutrales o, de no obtenerse ese concurso, deberían alcanzar al menos los dos tercios, esto es: seis de los nueve votos y en consecuencia por lo menos dos de los ministros neutrales y los cuatro representantes de los partidos políticos.

 

10. Algunos asuntos para debatir

Del rápido repaso que hemos propuesto para los diferentes tipos de autoridades electorales, lo que se destaca con carácter general son tres aspectos fundamentales, los altos grados de autonomía de que gozan,  el desarrollo de su especialización con suma de nuevos cometidos y su importancia institucional.

 

A partir de esa comprobación y de la que refiere a las variedades que asumen los diferentes organismos en materia de elecciones en todas las perspectivas sobre las que sean examinados, surgen algunas interrogantes que se incorporan tanto al debate académico como al político propiamente dicho.

 

En primer término vale la pena preguntarse si existe un modelo ideal de autoridad electoral al que deba apuntarse o si es preferible atender, sobre la base de principios generales comunes, a las realidades históricas y de contexto cultural de cada sociedad organizada y las modalidades de articulación que sean adaptables al respecto.



Foto: Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador

En ese marco, sin embargo, son notorias algunas tendencias que prefieren avanzar a una suerte de judicialización de los órganos electorales, mientras que otras apuestan a la participación de los partidos políticos en una línea de contralor recíproco. Una posición intermedia nos muestra la integración de autoridades electorales procurando en cierta medida la aplicación de ambos criterios.

 

Otro asunto que resultaría interesante analizar en seminarios como el que nos convoca se refiere a la duración del mandato de los magistrados electorales en el desempeño de sus funciones, así como sus fueros, prohibiciones e incompatibilidades. En un mismo sentido y desde el enfoque del derecho comparado valdría la pena examinar las condiciones exigibles para quienes deben asumir como autoridades electorales.

 

Finalmente, y sin con esto pretender agotar ni remotamente los posibles debates en torno a planteos de esta índole, quiero dejar planteadas a la reflexión colectiva las diferencias que surgen de los diseños institucionales respecto a la concentración de la función electoral en un solo sistema orgánico o la distribución de competencias entre órganos independientes y asimismo la pregunta sobre si a los cometidos tradicionales que han sido asignados a las autoridades electorales deben seguir sumándose otras atribuciones como ha ocurrido en los últimos años (por ejemplo el contralor de las finanzas partidarias o de las campañas electorales, o una mayor intervención en la vida interna de los partidos, o la extensión de su competencia a elecciones de asociaciones civiles, corporativas o gremiales).

 

Se trata de unos cuantos asuntos, cualquiera de los cuales merecería una consideración particular.