logo revista
Año 1 No. 2

El rol de los Tribunales Electorales en la consolidación del sistema democrático



Luis Fernando Luengo Escalona
Ministro del Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones de Chile


CURRICULUM

Chileno.

Abogado. Ministro del Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones.

Ex presidente del Partido Democrático Nacional.

Ex presidente del Partido Social Demócrata.

Ex presidente del Partido Radical Social Demócrata, por fusión de estos partidos.


Los regímenes democráticos tienen como principal fundamento, la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas, siendo un factor relevante para ello, la existencia de un proceso eleccionario, mediante el cual, la voluntad popular se manifieste, ya sea a través de la toma directa de decisiones por parte de la sociedad, en las democracias directas, ya sea por medio de la elección de los representantes que adoptarán dichas decisiones, en las democracias representativas.

Es importante hacer presente que, el sistema electoral que impere en un determinado Estado, aportará los mecanismos necesarios a fin de que, de llevarse a cabo de forma eficiente y con la debida transparencia el respectivo acto eleccionario, se configure una efectiva representatividad, otorgando legitimidad a las decisiones que deban adoptarse y gobernabilidad a los representantes y autoridades electas, consolidando con ello el régimen democrático de que se trate.

En este contexto, cobra suma importancia la participación de los Tribunales Electorales, encargados precisamente de coartar toda limitación o interferencia al libre acto eleccionario, impidiendo de esta forma que se restrinja la manifestación de la soberanía popular y por tanto, asegurando la legitimidad, tanto de los resultados del respectivo proceso electoral, como de los representante electos.

Para que los Tribunales Electorales cumplan el rol determinante al cual están llamados, es necesario que cuenten con suficiente autonomía e imparcialidad, además de atribuciones claras en orden a dirigir y controlar los procesos electorales que se lleven a efecto, con facultades de resolver controversias, conocer escrutinios y calificar los respectivos actos eleccionarios, además de todas aquellas atribuciones que digan relación con la convocatoria y desarrollo mismo del proceso.

En este sentido, los países latinoamericanos han consagrado a sus respectivos órganos electorales, ya sea a nivel constitucional o mediante la dictación de una ley de quórum especial, como órganos autónomos, con presupuesto propio y detalladas atribuciones en las materias de su competencia.

Ahora bien, en cuanto al rol que a los Tribunales Electorales corresponde en la consolidación de los regímenes democráticos, como ya señaláramos, éste es fundamental, pues la circunstancia de existir un órgano independiente, confiable e imparcial, otorga seguridad en cuanto a la certeza de los resultados obtenidos y, por tanto, la tan comentada legitimidad de los representantes o autoridades electas, con la consiguiente gobernabilidad necesaria en todo Estado de derecho. En consecuencia, su labor es decisiva en orden a desarrollar y afianzar los valores y principios propios del régimen al cual pertenecen, propendiendo a su legitimación y consolidación.

 

En este sentido, son varios los aspectos en que les cabe una fundamental participación, siendo los principales, los siguientes:

 

a) asegurar la igualdad de condiciones y oportunidades, tanto entre los partidos políticos, como entre los candidatos y electores, lo que implica la corrección de toda interferencia o desequilibrio que pudiera producirse, ya sea en cuanto al derecho de afiliación o desafiliación, organización interna de los partidos políticos, financiamiento y promoción de campañas electorales, como en lo relativo a asegurar el derecho del sufragio por parte de quienes han de manifestar su voluntad, en aspectos tan relevantes como el carácter secreto y libre del mismo;

 

b) propender a la transparencia, tanto en la convocatoria, como en el desarrollo mismo del acto eleccionario y su posterior escrutinio y calificación, a fin de dar legitimidad a los resultados obtenidos;

 

c) resolver las reclamaciones a que el proceso electoral diere lugar, asegurando en dicho cometido, la debida independencia e imparcialidad.

 

 

En el caso de Chile, no existe un solo órgano supremo electoral, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, que cumpla con todas las funciones antes señaladas, sino que éstas se encuentran divididas entre el Servicio Electoral, encargado principalmente de la preparación y realización de los procesos eleccionarios y plebiscitarios, así como de los correspondientes registros, el Tribunal Calificador de Elecciones, órgano máximo electoral, que tiene dentro de sus atribuciones, entre otras, la de conocer del escrutinio general y la calificación de los procesos eleccionarios que se efectúen, así como también resolver los reclamos electorales a que estos dieren lugar y, los Tribunales Electorales Regionales, cuya competencia está orientada la calificación de las elecciones de carácter gremial y demás grupos intermedios, así como resolver las reclamaciones que de ellas deriven, propiciando, estas instituciones, mediante la eficaz regulación legislativa y el eficiente y transparente trabajo efectuado, la realización de comicios ordenados, y por sobre todo, legitimados, contribuyendo con su labor a la cada vez más arraigada consolidación del sistema democrático chileno.

 

En conclusión, los Tribunales Electorales, en su calidad de órganos garantes de la transparencia, legalidad y credibilidad de los procesos electorales, permiten que la soberanía popular se manifieste a través de decisiones adoptadas legítimamente, lo que se traduce en dar la gobernabilidad necesaria para que los poderes públicos dirijan, democráticamente y apoyándose en la voluntad de la mayoría, los destinos de cada país, cumpliendo un rol fundamental en la consolidación de los sistemas democráticos, cuya piedra angular, por esencia, es la participación ciudadana.